lunes, diciembre 19, 2011

¿Respeto a la libertad de expresión?

En semanas recientes el Senado de la República ha aprobado por mayoría dos reformas que revisten particular importancia para el quehacer periodístico; por un lado se reformaron artículos de la de por sí anacrónica Ley de Imprenta que data de hace casi un siglo, en la que se despenalizan los llamados delitos contra el honor, y por el otro lado, la elevación a nivel federal de los delitos cometidos en contra de periodistas y/o medios de comunicación. Ambas reformas son tardías no sólo en un país que presume de ser democrático, sino por el violento clima que enfrenta la prensa mexicana en la última década, con más de 80 asesinatos de periodistas que en su terrible y abrumadora mayoría permanecen en la impunidad y sin visos de resolución por una lamentable situación de displicencia oficial. Por partes. En el primer caso, el Estado mexicano ha revocado la figura penal de la calumnia, la difamación y injuria, de tal manera que ya no son considerados como delitos y por tanto nadie puede ser encarcelada por la libre expresión de sus ideas. Por supuesto que esto es algo positivo, pues en pleno siglo XXI, cualquier persona, especialmente periodistas, corríamos el riesgo de terminar en prisión si otra persona se sentía ofendida por nuestros dichos. Sin embargo, al no ser delito, las acusaciones falsas y/o malintencionadas transitaron en automático al ámbito de lo civil, lo que de ninguna manera significa un beneficio, pues ahora las y los periodistas, editorialistas, analistas, caricaturistas, etc., corremos el de enfrentar una demanda por daño moral que nos arrincone años en los tribunales y termine exprimiéndonos hasta el último centavo de nuestro patrimonio. No ir a prisión por ejercer el derecho a la liberad de expresión nos puede conducir en cambio a la indigencia si un juez decide que debemos reparar en millones de pesos el daño que cause lo que publiquemos, sea cierto, falso o trascendido. La otra reforma no es menos importante e igualmente tiene aristas interesantes y lo primero que hay que aclarar es que las personas que hacemos periodismo de ninguna manera somos más o menos importantes que cualquier otra persona, pero cuando se agrede a un periodista o medio de comunicación se atenta contra el derecho ciudadano de recibir información y ese allí donde radica la importancia de federalizar los delitos contra las y los comunicadores. En los últimos diez años las agresiones contra la prensa mexicana han ido en aumento y con cifras divergentes, las organizaciones sociales y gremiales hablan de más de 80 homicidios, 15 desapariciones forzadas y decenas de atentados contra redacciones de diarios, emisoras de radio, de televisión y medios digitales a lo largo y ancho del país y en apenas uno que otro caso se ha aprehendido y enjuiciado a presuntos responsables. Se acusa de facto al crimen organizado de estar detrás de la violencia hacia periodistas, pero los mismos registros de las agresiones dan cuenta de que el 70 por ciento de éstas proviene de alguna autoridad, particularmente municipal y/o estatal, además de que hay evidencias de que permiten suponer que la mayoría de los asesinatos contra periodistas cometidos en el ejercicio de su profesión fue porque investigaban nexos de personas funcionarias públicas con bandas de delincuentes, no por drogas, sino también por fraudes, robo de bienes nacionales, trata de personas, prostitución y explotación infantil, entre otros delitos graves. Si son las autoridades locales las que más atentan contra la libertad de expresión, entonces dejar que sean las procuradurías estatales las que investiguen estos casos, condenaba a la impunidad, pues el Ministerio Público se convierte en juez y parte. Si se trata de un Delito Federal, entonces corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar y para ello ya cuenta con una Fiscalía especializada, la cual, no obstante, hasta ahora no ha resuelto un sólo caso importante desde su creación en el sexenio de Vicente Fox Quesada ni cuenta con personal, presupuesto o estructura operativa tan sólo para atraer los cientos de averiguaciones previas iniciadas en este decenio. Federalizar los delitos contra periodistas es un paso relevante, pero debe ser temporal y debe acompañarse de un Mecanismo de Protección que prevenga nuevos atentados contra colegas que han recibido amenazas recientemente y hasta ahora ese mecanismo sigue en la bandeja de entrada de las autoridades, que además no lo han querido consensuar con los propios periodistas. En resumen, ambas reformas son positivas para el ejercicio profesional de periodismo, pero siguen siendo insuficientes. Adicional, ninguna reforma es completa si no involucra a todas las partes y en estos casos las empresas de medios no están interesadas por brindar garantías a su personal, por dar derechos laborales en muchos casos no asumen la defensa legal de sus periodistas y se desmarcan tras un atentado.

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