martes, noviembre 11, 2014

Lo barato cuesta caro... que paguen

 ¿Qué motiva a una empresa o institución a pensar que las plataformas sociales de Internet como Twitter y Facebook pueden ser operadas por cualquier persona que tiene además el descaro de creerse creativa como para publicar mensajes como los recientes de Crunch y 50 Friends?

En 2009, cuando comencé a asesorar y a diseñar campañas de comunicación usando algunas redes sociales como Twitter y Facebook, el reto fundamental era convencer a las personas que toman decisiones que contratar jóvenes para administrar estos perfiles era un grave error, sobre todo si el único argumento era que "saben de Internet".

Su razón de peso es que les cuesta muy barato y no tienen que perder el tiempo en "diseñar una estrategia".

El tiempo siempre termina demostrando, como decían nuestros abuelos y abuelas, que lo barato cuesta caro y los casos recientes (porque hay decenas) son los de Nestlé y la cadena de pizzerías 50 Friends.

Pero aquí no son sólo errores de comunicación o faltas de ortografía o mensajes tontos; las personas que operaron las cuentas de Twitter de ambas marcas se fueron al exceso de ofender, denostar, humillar y hasta burlarse de la tragedia de 43 familias de los jóvenes desapaecidos.

Disculparse no es suficiente. Despedir a un empleado inepto no alcanza. Pero buscar la teoría del complot hasta ofende la inteligencia.

Deben aceptar públicamente que no saben comunicar, que carecen de directrices para generar mensajes y sobre todo, deben ofrecer una retribución a las familias ofendidas y no es con dotaciones de chocolates ni pizzas gratis... es una restitución de un daño causado y eso no significa que las familias no tengan derecho a acudir a un tribunal civil por el daño moral ocasionado.

Es la consecuencia de creer que la comunicación la hace cualquiera.

Yo por lo pronto dejo de consumir cualquier producto Nestlé y de 50 Friends.

lunes, noviembre 03, 2014

Impunidad traducida en... "nos hacemos que no escuchamos" (versión amable)

En Octubre de 2004 recuerdo haber participado en la primera movilización para reclamar contra las agresiones cometidas contra periodistas. En ese entonces se llamó "Ni Uno Más" y a diez años de distancia la situación ha ido empeorando.




Un día después de la celebración mexicana del Día de Muertos, por primera vez conmemoramos el "Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas", una efeméride que por sí sola debiera ofendernos, pues nos recuerda ante todo, que en este país hay casi un centenar de homicidos sin resolver, así como varios cientos de casos de agresiones, intimidaciones, amenazas y atentados directos que sólo han engrosado las estadísticas de las organizaciones que dicen proteger a quienes hacemos periodismo.

La impunidad es ante todo esa falta de respuesta de parte del Estado Mexicano de cumplir con su obligación de investigar todos estos crímenes y agresiones, no sólo contra periodistas, sino contra cualquier persona.

Pero la impunidad no está sólo en la inacción para perseguir los delitos documentados al menos desde hace una década, porque la obligación del Estado está antes, en ofrecer y cumplir con las garantías suficientes para que cada periodista y medio puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad.

En 2012, año electoral, el panorama parecía que se encaminaba a cosas positivas. Fue posible empujar una Ley federal de protección que permitió la creación del Mecanismo Federal de Protección, pero a casi dos años de haberse instalado han sido magros sus logros por falta de interés del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ese mismo año se aprobó una ley en el Estado de Hidalgo, hasta ahora la mejor en la materia, pero al gobierno de Francisco Olvera simplemente no le interesó cumplir su propia promesa de reglamentar este ordenamiento.

En 2013 logramos una buena ley en San Luis Potosí, pero como en Hidalgo, el gobierno de Gerardo Toranzo le apostó al olvido y hasta maniobró para que sus afines quedaran representados en la comisión de protección a periodistas, ignorando incluso lo que la misma ley prevé.

Con el periodista Rogelio Hernández López estuve en estos esfuerzos por crear leyes que nos dieran garantías y lo mismo hicimos en Querétaro, Oaxaca, Sonora, Quintana Roo y Michoacán donde hay iniciativas que buscan ofrecer mejores condiciones para el ejercicio profesional y no sólo contar con mecanismos de reacción policiaca.

En Quintana Roo se dejaron llevar por el calendario electoral y con el camnbio en el Congreso Local, simplemente nos dieron el portazo en la cara.

En 2013 tuvimos muchas pláticas con colegas en Querétaro y con el entonces presidente del Congreso del Estado, Braulio Guerra. Hasta mejoramos la redacción de la iniciativa presentada por el legislador y hoy, casi dos años después nada.

Hasta hace unas semanas incluso, nos sentamos a platicar con el diputado local Manuel Granados y el subsecretario general de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, para delinear una ley para el Distrito Federal. El diputado Granados se comprometió a hacerlo antes de octubre y obvio... nada.

En dos años hemos trabajado mucho (y gratis casi siempre) por conseguir mejores leyes para que de verdad haya mejores condiciones de seguridad para periodistas en todo el territorio nacional, pero también para que nos sean reconocidos derechos profesionales y laborales y de la mano impartimos alrededor de 60 talleres de Autoprotección para Periodistas, a los que sumamos al abogado Edgar Omar Viniegra, experto en estos temas, y al experimentado periodista Gerardo Albarrán de Alba.

Diputados y diputadas locales nos han escuchado en muchas entidades, uno que otro funcionario se ha sentado a dialogar; muchas promesas, muchos "amigos nuevos", pero en los hechos nos siguen aplicando la máxima salinista de "ni nos ven ni nos oyen" y con su actitud displicente sólo contribuyen con esta terrible impunidad.